Son siete los días de la semana, los colores del arco iris y los pecados capitales. También fueron siete las leyes que sancionó ayer el alperovichismo para enmendar errores que, según los legisladores de la oposición, había cometido el Gobierno provincial durante 2012, e incluso antes. 


En el extenso orden del día, que incluyó 24 temas -luego se agregaron otros sobre tablas-, aparecieron varios de los episodios que le generaron dolores de cabeza al oficialismo durante el año.

Entre ellos, la pelea con La Bancaria, encarnada en la licencia del legislador Armando Cortalezzi; la corrección del sistema de reemplazos para la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT); la reforma de la Ley de Ministerios, para reestructurar el gabinete del PE tras la renuncia de Mario López Herrera al frente de la cartera de Seguridad; y la habilitación al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) para que construya 35 casas sin licitación, a contrarreloj, cuando se sabía de las obras desde 2011.

Para "salvar" a "Cacho"
En octubre, la Cámara le dio licencia a Cortalezzi, quien había sido nombrado interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA) por el gobernador, José Alperovich.

El gremio de la Asociación Bancaria se había "levantado" cuando el PE cambió -gracias a una polémica ley- Letras del Tesoro por más de $ 170 millones que el ente crediticio tenía depositados en el Fondo de Garantía.

Alperovich acudió a "Cacho", un dirigente con gran capacidad de movilización, para hacerles frente a las protestas gremiales.

El dirigente bancario Eduardo Bourlé hizo un planteo judicial para pedir la nulidad del nombramiento de Cortalezzi, ya que la carta orgánica de la CPA impedía, hasta ayer, que un legislador pasara a este organismo.

Había rumores de que la Justicia fallaría a favor de Bourlé. Por las dudas, el alperovichismo subsanó esta cuestión y habilitó el pase de "Cacho". Y, a la vez, se "ratificó la legitimidad" de su designación.

"Me equivoqué al votar favorablemente la licencia de Cortalezzi. Deberíamos revocar ese permiso", afirmó el legislador Ricardo Bussi (FR), quien admitió que desconocía la cláusula que impedía al dirigente oficialista llegar a la CPA.

El alperovichista Ramiro González Navarro le criticó esto. "Un ciudadano común no puede alegar que desconoce el derecho; mucho menos un legislador", afirmó.

La oposición rechazó la iniciativa, pero el peso del PJ pudo más.

Sin conjueces en la CSJT
En febrero, el PJ impulsó la sanción de una ley que modificó el sistema de reemplazos de los vocales de la Corte Suprema en casos de vacancia, recusación o inhibición.

El oficialismo consiguió que los conjueces fuesen la primera opción. Pero, al poco tiempo de promulgada la norma, la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo paralizó la medida con una cautelar, a instancias de un planteo del Colegio de Abogados de la Capital.

Ayer, el alperovichismo hizo borrón y cuenta nueva, y regresó al sistema antiguo, en el cual los reemplazantes de la CSJT son primero los camaristas, luego los jueces de primera instancia y, por último, los conjueces de la lista que elabora cada año el alto tribunal.

Secuelas del caso Verón
Cuando la Justicia absolvió a los 13 acusados en el caso de María de los Ángeles Verón, la madre de la víctima, Susana Trimarco, le pidió a Alperovich que echara a López Herrera. "Es un inútil", le dijo. A las pocas horas, el ministro de Coordinación, Jorge Gassenbauer, asumió como jefe del área de Seguridad Ciudadana. Pero la cartera que comandaba quedó vacía, y el gobernador decidió disolverla, a poco más de un año de haberla creado. Ayer se regresó al organigrama con la Secretaría General de la Gobernación, pues la Cámara avaló el DNU que había enviado el mandatario para hacer este cambio.

"Son los propios errores del Gobierno provincial los que generan los problemas", aseguró el radical Ariel García. Luego, leyó el informe psicológico -de una causa judicial- sobre Pedro Giudice, quien se hará cargo del lugar que dejó Gassenbauer. "(Posee) una afección psicológica en términos de trauma, con consecuencias en su normal actividad social y familiar, con anulación de su desempeño laboral", dijo el opositor. Y se preguntó si así es como Alperovich escoge a su equipo.

El macrista Alberto Colombres Garmendia lanzó otro interrogante. "¿El Ministerio de Coordinación fue un traje hecho a medida para Jorge Gassenbauer, o al gobernador se le está acabando el equipo? Cualquiera sea la respuesta, el panorama es preocupante", aseguró el opositor.

El alperovichismo también concedió, con sus votos, la habilitación al Ipvdu para que pueda realizar compras, sin licitación, por casi $ 7 millones, en el marco de un programa de viviendas para pueblos originarios, con fondos enviados por la Nación.

"Abrimos un Boletín Oficial y vemos que el PE hace licitaciones públicas para comprar papeles y artículos de oficina. Pero, para obras millonarias, se omiten los pasos que manda la Constitución provincial", dijo José Manuel Páez (DC).

El oficialismo aseguró que se debía recurrir a la compra directa por falta de tiempo. El radical Federico Romano Norri cuestionó esto. "El convenio con la Nación se firmó en 2011. ¿Por qué ahora hay apuro", afirmó el opositor.

Bussi aprovechó para devolverle el tiro por elevación a González Navarro, que había defendido el proyecto. "La ignorancia de la ley es inexcusable. Pero lo malo es conocer las leyes y actuar en contra. Este es el caso, porque no se respeta la Carta Magna", aseveró.

Canon para obras
La ley que establece el pago de un canon a la SAT por obras de infraestructura mayores a 200 m2 estaba vencida hace seis meses. Por eso, el PJ ayer la prorrogó, con modificaciones. "Antes, se establecía este cargo para construcciones dentro de las cuatro avenidas. Ahora, se extiende a toda la capital, a Banda del Río Salí, a Tafí Viejo y a Yerba Buena", dijo Silvia Elías (UCR). Además, aseguró que será un "ajustazo" superior al 282%; y que la SAT recibió $ 137 millones de la Nación en los últimos cuatro años. "Pero esto no se refleja en mejoras en el servicio", aseguró.

El oficialismo también restituyó una propiedad que había sido donada por un vecino de Los Pereyra, porque la obra para la que se lo requería ya había sido ejecutada en otro lado; y se "re-transfirió" un terreno de Tafí Viejo al Arzobispado para la construcción de una capilla, ya que cuando se sancionó la ley por primera vez, hace meses, hubo errores en la redacción del texto. Esta, al igual que otras normas, fueron enmendadas en la sesión de ayer para que el alperovichismo despida sin deudas el 2012.

› El dinero público, inembargable

Las cuentas del Estado seguirán blindadas, por dos años más

Pese las críticas de los siete legisladores de la oposición, la Ley de Emergencia Económica regirá por dos años más en la provincia y las cuentas del Estado seguirán siendo inembargables en ese lapso. "Ya vamos a tener que festejarle los 15 años a la señorita emergencia. No se entiende que se les den subsidios a call centers si es que estamos en emergencia", ironizó la radical Silvia Elías de Pérez. A su vez, el representante de la Democracia Cristiana (DC), José Páez señaló: "¿la Nación dice que crecemos a tasas chinas y sin embargo sigue habiendo emergencia? La norma rige desde 1991 en la Provincia.


› "Regalo de Navidad" de la cámara

Los comisionados rurales podrán manejar más plata

El proyecto de modificación de la Ley de Comunas Rurales del alperovichista José "Gallito" Gutiérrez fue aprobado sin mayores inconvenientes. Hasta el macrista Alberto Colombres Garmendia votó a favor de la iniciativa porque, según dijo en el recinto, la iniciativa prohibe que familiares directos del comisionado rural puedan ser nombrados como habilitados en la comuna. Entre los cambios establecidos, los delegados rurales percibirán viáticos equiparados a los de un subsecretario de Estado. También estarán habilitados a gastar en forma directa hasta $ 8.000 (el tope era de $ 4.000); y en concurso de precios, hasta $ 20.000 (el límite era $ 10.000).


› El PE seguirá manejando a las comunas

Garantizan obras y salarios

Otro tema de carácter económico que generó polémica entre opositores y oficialistas fue la prórroga hasta diciembre de 2014 del "congelamiento" de la Ley de Fondo de Desarrollo del Interior. Esta ley, sancionada en 1995, les otorgaba una mayor autonomía a las comunas en materia de recaudación al establecer un reparto automático de ingresos coparticipables. Con el "congelamiento" de esta norma, el Poder Ejecutivo (PE) seguirá administrando los fondos de estas, como ocurre con el Pacto Social que suscriben, cada año, la mayoría de los municipios con la Provincia.